En los últimos 10 años los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos de Honduras, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de bienes comunes.

“En Honduras estos proyectos de muerte son innumerables: se calcula que hay más de 500 concesiones para la explotación minería, existen más de 100 ríos concesionados  para la instalación de proyectos hidroeléctricos y la tala de bosque, entre muchos otros”, indicó el ambientalista Juan Mejía, quien también está en la coordinación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.